Uno de los mensajes que más profundamente está calando en la sociedad con motivo de la crisis económica que nos ha tocado sufrir es que los estados, entre ellos el español, se han endeudado en exceso y es la carga de esa deuda la que obliga a los recortes y a una austeridad que algunos tildan de austericidio. La gota que colmó el vaso para muchos fue, sin lugar dudas, la reforma constitucional que, con «agosteidad» y alevosía –y probablemente a instancias de–, llevaron a cabo PP y PSOE en 2011. Es posible entender esta reforma de nuestras normas de convivencia como una traición de nuestros representantes al establecer, como hace el renovado artículo 135, que el pago de la deuda es un prioridad absoluta de los presupuestos generales, por encima de otras provisiones públicas como la sanidad, la educación o la dependencia. Lo cierto es que resulta extremadamente complicado hacer convivir este artículo con el 1.1 también de nuestra constitución en el que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho.
Quizás habría que añadir que pagará religiosamente.
Esto ha llevado a muchos de los nuevos movimientos sociales y a aquellos partidos llamados a hacer nueva política a proponer –vehementemente– no pagar una deuda considerada ilegítima y, llegado el caso, no volver a recurrir a un mecanismo de emisión de deuda estatal que parece hipotecar o trasladar el coste de los fracasos de hoy a las generaciones futuras. En otra ocasión hablaremos del elemento «ilegítimo» de la deuda, que lo hay y no es un invento de radicales de izquierda pues es cierto que el pago de unos intereses a todas luces excesivos suponen una losa importante que entorpece la recuperación y, sobre todo, una recuperación socialmente aceptable.
El problema es que lo que debería estar claro y no lo está es que hay que pagar.
La Receta del Velociraptor 